El 8 de julio del año 2008, Rafael Correa ordenó confiscar todos los bienes pertenecientes al Grupo Isaías.

La acción policial y militar fue comanda por la AGD, quien se apoderó de más de 199 compañías, que englobaban 900 empresas, además de los bienes personales propiedad de la familia Isaías. Bienes que la familia había logrado a lo largo de 70 años de trabajo, inversiones e innovación en distintas áreas de negocio.

Esa AGD (Agencia de Garantía y Depósito de Ecuador) es la misma que, 12 años antes, se había quedado con Filanbanco: el banco más grande de Ecuador, bajo el mando de los Isaías por más de 40 años.

La trampa del gobierno de Ecuador

Filanbanco, que formaba parte del Grupo Isaías, llegó a ser el banco más sólido y más importante de Ecuador luego que la familia Isaías lo adquiriera en 1958. Fue el banco que se enfocó en dar créditos a los ecuatorianos para que pudieran hacer crecer sus empresas, desde el sector comercial y agroindustrial, hasta el pesquero y camaronero. Se calcula que en su cartera crediticia había un millón de clientes.

El banco, bajo la dirección de Roberto Isaías y William Isaías durante gran parte de su historia, se convirtió además en unos de los entes financieros más relevantes para los mercados mundiales, ya que manejaba la mayoría de las operaciones crediticias internacionales.

En el año 1998, luego de una larga crisis vivida en el país como consecuencia del fenómeno “El Niño”, la “Mancha Blanca”, la falta de servicios públicos, la inestabilidad política y la desbastadora crisis asiática; los clientes que habían crecido con Filanbanco, y ahora lo habían perdido todo, comenzaron a dejar de pagar los créditos otorgados por el banco.

El banco sufría así de una falta de liquidez momentánea, que seguro podría ser superada en corto tiempo y con la ayuda del gobierno. Pero no fue así, aunque el Banco Central de Ecuador aportó un auxilio financiero establecido en la ley, este se otorgó bajo condiciones llenas de restricciones, trabas y trampas, que el mismo gobierno planeó junto a ciertos grupos económicos enemigos de los familia Isaías. Quedaba así Filanbanco, en una situación irrecuperable, por los momentos.

Filanbanco pasa a manos del Estado

Irremediablemente, los Isaías entregaron el banco a la “Agencia de Garantía y Depósito de Ecuador” (AGD) el 2 de diciembre de 1998. En este momento, se hace entrega de todos los activos pertenecientes al banco y se honraron todos los compromisos asumidos por el banco Filanbanco hasta ese día. Todos los clientes recibieron sus ahorros que estaban depositados en el banco y se cancelaron completamente las deudas con los acreedores. Igualmente se respaldó todo el dinero entregado (Como auxilio financiero) al Banco Central de Ecuador.

El banco pasó así a manos del gobierno, pero lo quebraron en el año 2001. La razón de esta quiebra ha quedado registrado en muchos documentos, donde se evidencia la corrupción de la AGD, un manejo oscuro de la administración y el haber convertido a Filanbanco, en “caja chica” de otras instituciones con problema de solvencia, que pertenecían a grupos económicos muy privilegiados por el gobierno.

Este organismo cuestionado por su trayectoria de corrupción, y de mal manejo de todas sus operaciones, se le acusa también de ser el culpable del feriado bancario de 1999, que ocasionó tanto dolor y pérdidas para los ecuatorianos.

La persecución política

Sin embargo, la AGD nunca ha reconocido ante la ley que Roberto Isaías y William Isaías cumplieron con todos sus compromisos y que no deben nada ni a los ahorristas ni a la nación. Al contrario, la AGD comenzó una persecución auspiciada por políticos y poderes económicos para llevarlos a un juicio “amañado” que ponía en peligro su integridad.

Este manejo dudoso de la justicia ecuatoriana obligó en el año 2000, a los hermanos Isaías Dassum, a salir de su país como perseguidos políticos, dejando sus bienes y una historia de 100 años.

Al llegar Rafael Correa al poder en el 2007, con un resentimiento social disfrazado de justicia que acompaña a los regímenes del llamado “Socialismo del siglo XXI”, se acrecentó de manera feroz la persecución contra los Isaías. Fueron así, acusados de “peculado” y de todos los males que ocurrieron en el país. Correa recurrió a procesos judiciales para conseguir su extradición, pero siempre fue denegada por no presentar pruebas condenatorias y mucho menos causas probadas. 

La confiscación al Grupo Isaías

El día 8 de julio de 2008, Correa sin poder actuar todavía judicialmente en contra de lo Isaías, decide una acción sin precedente en el país, emite una orden ilegal para confiscar todos los bienes de Roberto y William Isaías.

La policía y los efectivos militares allanaron oficinas, fábricas, galpones, industrias azucareras, hoteles, empresas de telecomunicación, plantas de televisión y estaciones de radio que pertenecían todos a la familia Isaías Dassum.

La acción comandada por los agentes de la “AGD” fue desmedida, llegando a sacar de sus lugares de trabajo a todos los empleados que se oponían en las diferentes empresas del Grupo Isaías. Hoy aún, se pueden encontrar evidencias en las reseñas periodísticas.

La confiscación de los bienes de los Isaías, según registros contables, totaliza casi un $1000 millones de dólares, que pasaron a las manos de Correa y a su equipo de gobierno. Hoy muchos de esos bienes están destruidos, muchas empresas han quebrado y las pocas vendidas, se realizaron bajo negociaciones fraudulentas y con pérdidas para la nación. Lo que sí queda claro, es no se sabe a dónde fue a parar el dinero de las ventas.

El poder de Correa sobre el sistema de justicia

Al día siguiente de la confiscación, solo 24 horas después, Rafael Correa ordenó a la Asamblea Constituyente incluir en la constitución, un artículo llamado Mandato #13. El mandato expresa claramente el impedimento que tienen los Isaías de introducir un alegato en su defensa y el reclamo de sus bienes. Al mismo tiempo, imposibilita a todos los jueces del país a actuar sobre el caso, sin pena de ser destituidos o llevados a la cárcel.

Este mandato es considerado por muchos estudiosos del tema como una “aberración jurídica” sólo ideado por una “mente” como la de Rafael Correa.

Control sobre los medios de comunicación, el objetivo último

La confiscación de todos los bienes, tenía un motivo supremo para Correa: adueñarse y hacer uso de todos los medios de comunicación que pertenecían al Grupo Isaías para asegurar su permanencia en el poder y controlar las voces disidentes.

Para ese momento, principio de julio de 2008, Correa había caído varios puntos en las encuestas. Su popularidad estaba en descenso, según CEDATOS. El correísmo necesitaba subir urgentemente para ganar el referéndum, que buscaba cambiar la constitución ecuatoriana.

Los medios de comunicación del Grupo Isaías: Gamavisión, TC televisión, Cablevisión, TC radio, Super k 800, radio Carrusel, entre otros, lo pondrían al frente de los canales de TV y de estaciones de radio con mayor audiencia y más apreciados por el público ecuatoriano. Ese control aseguraría una plataforma de comunicación poderosa para alentar desde allí el voto por el “SI” y alimentar el odio de clases que tantos lo beneficiaba. 

Lo que perdió Ecuador

A la familia Isaías le robaron todo, pero el país perdió mucho más. Perdió miles de puestos de trabajo generados por el Grupo Isaías. Perdió la posibilidad de tener nuevos productos y servicios de clase mundial, generados por los emprendimientos e inversiones que los hermanos Roberto y William soñaban con seguir haciendo al volver a su país. También perdió Ecuador, al no contar con mayor número de inversiones extranjeras, porque la inseguridad jurídica del gobierno de Correa, significaba estar en la cuerda floja.

La ONU exige reparar bienes a los hermanos Isaías

El Comité de Derechos Humanos de ONU se pronunció a favor de los hermanos Isaías en el año 2016, exigiendo al estado ecuatoriano la reparación total de todos los bienes confiscados y de lo contrario la devolución completa del dinero de la venta.

Igualmente exigió la reparación de todo el daño moral ocasionado a Roberto y a William Isaías y a toda su familia. Para esto tendría el Estado, que comunicar debidamente la verdad de los acontecimientos y desmentir todas las acusaciones y anular todos los procesos judiciales a los que fueron expuestos. El gobierno correísta no acató el fallo de la ONU en su contra. Hoy aún, se espera que esta medida sea cumplida a su cabalidad por el estado ecuatoriano.