El aparato de propaganda de Rafael Correa ha difundido durante más de una década que los hermanos William y Roberto Isaías Dassum quebraron a Filanbanco, la organización financiera más importante de Ecuador, con medio millón de clientes y el manejo de 500 millones de dólares en créditos internacionales.

Correa también ha propagado hasta el cansancio que la familia Isaías no honraron sus compromisos con miles de depositantes. Nada más falso. Fueron los funcionarios estatales quienes saquearon a Filanbanco, lo dilapidaron y lo quebraron tres años después de haberlo recibido.

He aquí una serie de argumentos contrastables que demuestran que el caso Filanbanco fue utilizado por el correismo como escusa para confiscar las empresas del Grupo Isaías y muy especialmente sus canales de televisión, cuya línea editorial era adversa al socialismo de Rafael Correa.

Filanbanco se entregó al Estado en 1998

Cuando los hermanos Isaías entregaron Filanbanco al Estado el 2 de diciembre de 1998, el banco ciertamente atravesaba una crisis de liquidez pero no estaba quebrado. Filanbanco era totalmente solvente y se entregó en pleno funcionamiento a las autoridades estatales. Varias pruebas así lo demuestran.

Podemos citar por ejemplo un oficio del 25 de noviembre de 1998 de la Superintendencia de Bancos, enviado al Banco Central de Ecuador, que certifica la solvencia económica del Grupo Financiero Filanbanco.

Según lo evidencian los balances e informes entregados a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central de Ecuador, cuando Filanbanco fue traspasado a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) contaba con solidez y solvencia demostradas. En el primer año de administración estatal, con los mismos activos y pasivos que dejaron los Isaías y superada la crisis de liquidez, Filanbanco volvió a ser el banco más rentable del país.

Filanbanco se utilizó para auxiliar a bancos quebrados

Durante el gobierno de Gustavo Noboa, intereses políticos infiltrados en la AGD le impusieron a Filanbanco el salvataje “obligatorio” de varios bancos. Entre ellos, cuatro entidades bajo sospecha por sus relaciones con el poder: Cofiec (Falconí-Avellán), Previsora (hermanos Guerrero Ferber), Pacífico (Laniado) y Progreso (Aspiazu-Seminario).

Quiebra de Filanbanco, año 2002

Entre finales de 1999 y la quiebra de Filanbanco en el 2002; los balances del banco, informes de la Superintendencia de Bancos y de asesores internacionales, dictámenes de firmas auditoras revelaron que entre abril y diciembre del año 2000, hubo un grave deterioro de la situación financiera del banco.

En ese período, Filanbanco perdió su liquidez y solvencia. Un informe de la Superintendencia de Bancos muestra que Filanbanco estatal generó pérdidas de 895 millones de dólares durante la administración de la entidad por parte del gobierno de aquel entonces.

Las pérdidas durante la administración Estatal

Las cifras son contundentes.

En operaciones con Bonos, Filanbanco estatal perdió 201.1 millones de dólares. En negociaciones con CDRs la pérdida fue de 112.4 millones de dólares por reprogramación de vencimientos de depósitos a partir del congelamiento por Decreto Ejecutivo, en que esta institución fue obligada a recibir CDRs como pago de las deudas de sus clientes (Algunos de estos CDRs fueron pagados anticipadamente y en efectivo a políticos y autoridades influyentes como Juan Falconí).

La mala administración de créditos supuso pérdidas de 117.5 millones de dólares; fusión con Previsora, Filanbanco se perdió 108 millones de dólares; venta de bienes, 17.7 millones de dólares; y finalmente, por provisiones constituidas por falta de gestión en el cobro de la cartera, se perdieron 338.5 millones de dólares.

El proceso en contra de los ex administradores de Filanbanco fue iniciado en junio del año 2000, es decir un año y medio después de que ellos entregaron el banco al Estado.

Por Filanbanco pasaron casi todas las firmas auditoras que operan en el Ecuador y en sus dictámenes ratificaron condición de solidez en que los hermanos Isaías Dassum entregaron el banco a la AGD.

No hubo desvío de créditos

El 5 de diciembre del 2000, Filanbanco estatal administrado por la AGD, envió una certificación escrita al Presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmando el buen uso y destino de los créditos.

Los peritos Fernando Castillo y Elvira Pino, designados por la máxima autoridad judicial, certificaron igualmente el correcto uso y destino de dichos créditos.

En base a estas pruebas, la Fiscal General Mariana Yépez, tuvo que reconocer su error en la acusación de abuso de fondos públicos y emitió el dictamen que confirmó que no hubo peculado bancario. La Fiscal se limitó a acusar a los procesados por delitos en el manejo de balances, los mismos que luego fueron desvirtuados con evidencias.

Las acusaciones sobre el desvío de créditos a empresas del Grupo Isaías nunca fueron probadas. La Corte Suprema de Justicia pidió tres veces a la Superintendencia de Bancos de entonces que probara, ampliara y precisara tales acusaciones, pero dicho organismo nunca lo hizo.

La Corte realizó consultas a los bancos de EE.UU. que la Superintendencia mencionaba como beneficiarios de los fondos del BCE, y esos bancos certificaron que nunca recibieron tales fondos.

Al no tener fórmula legal para incriminar a los hermanos Isaías, los poderosos de turno esgrimieron falsos pretextos para forzar la acusación y cubrir sus intereses. Solo pretendían obtener una acusación a como diera lugar.

Filanbanco, el chivo expiatorio

Años más tarde, Rafael Correa y sus jueces obsecuentes usaron el caso Filanbanco como pretexto para confiscar las empresas y bienes de la familia Isaías.

El objetivo, no era tanto hacerse de las empresas de los Isaías sino echarle manos a los medios de comunicación de este grupo económico, a efecto de utilizarlos como punta de lanza del aparato de propaganda de la llamada “Revolución Ciudadana”.

Hoy todas estas empresas están quebradas, igual como sucedió con el Filanbanco estatal, incluyendo a los canales de TV.